Accidente Trafico Placa de Hielo

0 comentarios admin Por admin El 14 de Enero de 2008

PRIMERA CONDENA DE LA ADMINISTRACIÓN POR ACCIDENTE CAUSADO POR PLACA DE HIELO EN EL ASFALTO

Ahora que nos encontramos en pleno invierno, con nieve y heladas, es habitual los accidentes de trafico causados por placas de hielo en la carretera. En estos casos es posible reclamar, y para ejemplo un boton, Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha.

Siga leyendo para conocer el texto completo de la sentencia…

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Accidente de circulación provocado por la existencia de una placa de hielo en el asfalto de 72 metros de longitud, que hizo perder el control al conductor del vehículo, que se salió de la calzada, y acabó chocando contra el muro de hormigón de una alcantarilla. NEXO DE CAUSALIDAD. Actuación omisiva de la Administración y resultado lesivo derivado de ella. Omisión de la actuación necesaria de señalización de la presencia de la placa y, en su caso, de supresión de la misma o de limitación de sus efectos. Deber administrativo de conservación de la carretera en buen estado ante efectos metereológicos. Alta probabilidad de heladas en la fecha de la colisión (diciembre). Tramo de carretera especialmente peligroso por su trazada descendente, sombrío, con curva de escasa visibilidad y carente de señalización sobre peligro de heladas. DEBER DE INDEMNIZACION. Valor venal del vehículo. Lesiones y secuelas.

En Valladolid, a dos de noviembre de dos mil siete.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con

sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados al margen, ha pronunciado la siguiente

 

SENTENCIA NÚM. 2037/07

 

En el recurso núm. 269/03 interpuesto por don. XXX representado por el Procurador Sr. y defendido por el Letrado Sr. , contra

orden de la Consejeria de Fomento de la Junta de Castilla y León 13 de noviembre de 2002, siendo parte demandada la Administración de la Comunidad Autonoma de Castilla y León,

representada y defendida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos,

sobre responsabilidad patrimonial.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Pardo Muñoz

quien expresa el parecer de la Sala.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Mediante escrito de fecha 24 de enero de 2003 don XXX interpuso recurso contencioso administrativo

contra la Orden de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y Le6n de 13 de noviembre de 2002, desestimatoria de la

reclamación por responsabilidad patrimonial formulada en fecha 11 de agosto de 1999 por importe de 9.940,74 E -luego ampliado por lesiones y secuelas- en concepto de indemnización por el valor venal de su vehículo que quedó inservible como consecuencia del accidente sufrido el día 24 de diciembre de 1998.

 

SEGUNDO.- Por Providencia de fecha 31 de marzo de 2003 se tuvo por interpuesto el presente recurso y, una vez recibido el

expediente administrativo, el actor dedujo en fecha 10 de octubre de 2003 la correspondiente demanda en la que solicitaba se declare nula por contraria a Derecho la resolución desestimatoria de las pretensiones por él deducidas, dejándola sin efecto, y consecuentemente, declarando la existencia de responsabilidad patrimonial de la Adminictración, indemnizándole en la cantidad total de 16.368,04 E, con expresa imposición de costas.

 

TERCERO.- Por Diligencia de Ordenación de 10 de noviembre de 2003 se tuvo por deducida la demanda, confiriéndose traslado de

misma a la parte demandada para que contestara en el término de veinte días, y mediante escrito de fecha 9 de diciembre de 2003 la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se opuso a las pretensiones actoras solicitando la desestimación del recurso, por ser el acto administrativo en cuestión conforme a Derecho, así como la imposición de costas a la parte recurrente.

 

CUARTO.- Por auto de 4 de septiembre de 2006 se tuvo por contestada la demanda, recibiéndose el proceso a prueba por auto de 11 de octubre de 2006, practicándose la que fue admitida con resultado que obra en autos, presentando las partes sus respectivos escritos de conclusionec en fechas 31 de mayo y 11 de julio de 2007, señalándose para votacidn y fallo el día 31 de octubre de 2007.

 

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley, aunque no los plazos por ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resolución impugnada y alegaciones de las partes.

La Orden impugnada de 13 de noviembre de 2002 de la Consejería de Fomento de la Junta de Cactilla y León desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por don XXX en fecha 11 de agosto de 1999 por importe de 9.940,74 E -luego ampliada por lesiones y secuelas-, por entender, en esencia, que la relación causal entre el perjuicio sufrido y la actividad administrativa quedó interrumpida por la conducta del propio perjudicado al circular a una velocidad inadecuada teniendo en cuenta las condiciones y el estado de la vía, con limitación de velocidad genérica de 50 km/h. y que la ampliación de la indemnización por lesiones y secuelas, no mencionadas en ningún momento anterior, ha de considerarse como una nueva reclamación derivada del mismo accldente y debe inadmitirse por extemporaneidad al haber transcurrido más de un año desde que supuestamente finalizó la baja y se consolidaron las lesiones.

 

Al amparo de los artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC, don XXX formula demanda de responsabilidad

patrimonial contra la Administración de la Comunidad Autonoma de Castilla y León en reclamación de 16.368,04 € en concepto de

indemnización por las lesiones, secuelas y daños del vehículo de su propiedad BMW 5183, matrícula M-. 2, sufridos como consecuencia del accidente de circulación acaecido sobre las 9,00 horas del día 24 de diciembre de 1998 a la altura del p.k. 21,200 de la carretera autonómica BU-550 (Trespaderne-Arceniega), término municipal de Río de Losa (Ourgos),alegando que cuando circulaba con su vehículo se encontró con grandes placas de hielo, deslizándose sobre las mismas para acabar impactando contundentemente contra un petril de hormigón de una alcantarilla existente en el margen derecho de la vía;

que el accidente fue consecuencia directa del anormal y deficiente funcionamiento de los servicios públicos dada la existencia en la vía -en obras- de grandes placas de hielo que ni siquiera estaban señalizadas, no habiéndose utilizado los materiales de aglomerado drenante adecuado para que no se produjeran, careciendo pos tanto la carretera de las circunstancias imprescindibles de seguridad para los usuarios de la misma; y que resulta inequívoca la relación de causalidad entre los daños sufridos y el funcionamiento anormal de la Administración, por el mal estado de conservaci6n y señalización de la vía, rebasando el riesgo inherente a su utilización los límites impuestos por los estándares medios de seguridad exigibles conforme a conciencia social, tratándose de un 24 de diciembre y en la zona norte de Burgos, muy de prever el peligro de heladas.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se opone a la demanda alegando que de la documentación obrante en el expediente, y especialmente del atestado instruido por la Guardia Civil sobre la causa del accidente, se desprende que éste se produjo cuando el conductor, debido a las curvas y al estado de la vía -con limitación genérica de 50km/h- mojado y con placas de hielo a causa de las bajas temperaturas y a la humedad ambiental, decidió hacer uso del sistema de frenado de vehículo, perdiendo el control de la dirección saliéndose por el margen derecho de la calzada y chocando contra un muro de hormigón existente en ese margen derecho de la carretera; que, en consecuencia y como señala el dictamen del Consejo de Estado, no concurre la necesaria relación de causalidad para afirmar la responsabilidad patrimonial de la Administración ya que el accidente se produjo por la actuación inadecuada del conductor, circulando a una velocidad poco apropiada y, omitiendo la especial atención y diligencia, lo que le impidió advertir la capa de hielo con suficiente antelación y evitar el deslizamiento y posterior colisión, siendo por tanto el daño jurídicamente atribuible a la propia víctima.

 

SEGUNDO.- Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración. En especial, en materia de conservación de carreteras ante efectos meteorológicos.

 

Como se ha anunciado, el objeto del presente recurso contencioso-administrativo se centra en la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada. Así, el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece:

“1. LoS particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

2 . En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 5 de junio de 1998) que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar adrninistrativo,

porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

 

Por ello se exigen determinados requisitos para su apreciación que a continuacibn se exponen, y es que la jurisprudencia exige, conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, la existencia de los siguientes requisitos para generar responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

 

a) Una lesión antijurídica sufrida por un particular en cualquiera de sus bienes o derechos, lo que comporta a su vez:

Que el daño sea antijurídico o lo que es lo misma, que la persona que lo sufre no debe estar obligada jurídicamente a soportarlo; esto es que el daño sea antijurídico implica y significa que el riesgo inherente a la utilización del servicio público haya rebasado los límites impuestos por los los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social.

 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo en SSTS de S de junio de 1997 y 28 de enero de 1999, entre otras, afirma que “puede,

concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los lmites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa sera

a ella imputable.

Que el daño sea efectivo, excluyéndose los daños eventuales o simplemente posibles, esto es la realidad objetiva del daño sufrido.

Que el daño sea evaluable económicamente; y que el daño sea individualizado en relación con una persona o grupo de personas, esto es que ha de tratarse de un daños concreto residenciable directamente en el patrimonio del reclamante y que exceda a demás de lo que puedan considerarse cargas comunes de la vida social;

 

b) Que la lesión sea imputable a la Administración comno consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y

 

c) Que exista una relación de causalidad entre la lesión, sufrida por el particular y el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y no se trate de un caso de fuerza mayor ni concurran otras causas de exoneración de la responsabilidad de la Administración.

 

Más concretamente, y en relación con el deber de la Administración de conservación de carreteras y vías públicas, ha de

partirse de que con carácter general la Administración se encuentra obligada a la adecuada conservacidn de la carretera a tenor de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y artículos 48.1 y 2 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, existiendo por otro lado la obligación de que en la calzada no existan obstáculos, encontrándose recogido en el art. 57.1, del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a

motor y Seguridad Vial, el principio de que se mantenga, en todo caso, expedita la calzada, así como el deber de la Administración de señalizar convenientemente la existencia de posibles obstáculos en la carretera que impidan o dificulten la circulación de los vehículos que por ella discurran.

 

Ello no obstante, si bien a tenor de los deberes que son exigibles a la Administración, ésta debe señalizar los obstáculos que surjan, e incluso eliminar la nieve o el hielo, ya sea de forma mecánica o arrojando productos que palien o eviten sus efectos, sin embargo, estas obligaciones ante la anomalía que suponen efectos meteorológicos como los que nos ocupan, está en función de las condiciones de tiempo y lugar, pues como estándar de las obligaciones exigibles a la Administración no puede entenderse que la misma pueda dar una respuesta inmediata evitando tales efectos metereológicos que solo son debidos a causas naturales.

 

Por consiguiente, siempre se deberá mediante los servicios de limpieza viaria proceder a evitar los efectos propios del hielo, pero la intervención de tales servicios no puede surgir por generación espontánea siempre que se produce un descenso de temperaturas. Tal nivel de eficacia los servicios públicos no es el exigible, se reitera como estándar en función de los valores aceptados al momento actual, y de que a tenor de los mismos puede resultar racionalmente exigible a la Administración.

 

TERCERO.- Sobre la dinámica y causa del accidente, y sobre la actuación de la Administración.

 

Del expediente administrativo y atestado instruido por la GuardiavCivil, especialmente su croquis, se deducen los siguientes hechos probados:

a) El accidente acaeció sobre las 9,00 horas del dia 24 de diciembre de 1998 a la altura del p.k. 21,200 de la carretera autonómica BU-550 (Trespaderne-Acerniega) término municipal de Río de Losa (Burgos), en tramo descendente y de visibilidad reducida por curva peligrosa -con señal de advertencia- a la derecha, seguida de otra curva más suave a la izquierda; el firme se encontraba: en buen estado de conservación y rodadura, de reciente asfaltado, si bien a la mitad de la primera curva, en zona sombría por la presencia de un talud a la derecha de 9 metros de altura, existía sobre la calzada una

gran placa de hielo de 72 metros de longitud;

 

b) No consta en modo alquno que el conductor circulara a una velocidad inadecuada, por excesiva, en función del trazado y

condiciones de la vía, pues aunque es cierto que la Guardia Civil en su informe estimó que “el conductor se percató de que conducía a excesiva velocidad debido a las curvas y al estado de la vía, mojado, y con placas de hielo a causa de las bajas temperaturas y a la humedad ambiental, por lo que decide hacer uso del sistema de frenado del vehículo, perdiendo el control del sistema de dirección, saliéndose por el margen derecho de la calzada,..”, sin embargo debemos significar, de un lado, que dicho parecer lo obtuvo la fuerza instructora sin haber tomado declaración al conductor dado que resultó herido grave y

trasladado al Hospital, no figurando tampoco la presencia de testigo alguno y, de otro, que las huellas de deslizamiento sobre el carril derecho de 42 metros de longitud se encontraban después de haber rebasado el vehículo la placa de hielo, lo que es congruente con la invocada por el actor pérdida del control del vehículo al adentrarse en la curva; y

 

C) El día anterior 23 de diciembre, y de acuerdo a la previsión metereológica obtenida del Parte de Viabilidad Invernal en Carreterras de la Red Autonómica del día 22, se realizó en dicha carretera tratamiento -extendido de sal de acopio- para prevenir la formacion de placas de hielo, habiendo sido recorrida por el Servicio de Conservaci6n de la Consejería de Fomento entre las 7,00 y 14,00 horas de dicho día, sin observar deficiencia destacable, no realizándose labor alguna, ni preventiva ni de observación, al día siguiente 24 de diciembre pese a que el Parte de Viabilidad Invernal del día 23 también anunciaba para ese día en la provincia de Burgos temperaturas mínimas pors debajo de Oº.

 

CUARTO,- Aplicación al caso de la doctrina expuesta.

As las cosas, en el presente caso no sólo debe afirmarse a existencia de lesión sufrida por el demandante lo que no se discutido, sino que además debe afirmarse que tal daño es antijurídico pues el riesgo inherente al funcionamiento del servicio público (conservación de la vía en condiciones de circulación de vehículos) ha rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad jurídica exigibles conforme a la conciencia social, y ello por estimarse que la existencia de hielo en la calzada es atribuible al comportamiento omisivo de la Administración, al no hacer lo necesario para señalizar su presencia, y en su caso suprimir el mismo o limitar sus efectos.

 

En efecto, debe destacarse que aunque no nos encontramos en una vía pública rápida o que forme parte de la red principal, tampoco se trata de una carretera local, sino de titularidad y ámbito autonómico; y que la aparición de hielo en esas fechas era plenamente previsible para la Administración, la que de hecho actuó el día anterior pero, inexplicablemente, abdicó de la vigilancia el día del accidente pese a la alta probabilidad de heladas, luego confirmadas, y de la concurrencia en el tramo de una especial peligrosidad dada la trazada descendente, sombría y curva con escasa visibilidad, y carente de señalización sobre peligro de heladas, lo que unido a la extraordinaria dimensión -72 metros de longuitud, según el atestado de la Guardia Civil- de la placa de hielo existente en plena curva, nos lleva a estimar que difícilmente pudo el conductor evitar, ante la presencia inesperada de tan inmensa placa de hielo, la pérdida de control de su vehículo, todo lo cual conlleva la apreciación de la responsabilidad patrimonial que se postula en la demanda al no aceptarse ruptura alguna del nexo

causal ni circunstancia que obligue al perjudicado a soportar el daño.

 

QUINTO,- Cuantía indemnizatoria e intereses.

 

No habiéndose discutido específicamente en sede jurisdiccional la cuantía de la indemnización, procede sin más su acogimiento, devengándose asimismo intereses legales ex artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello desde el día 30 de abril de 2002 en que el actor definitivamente determinó durante el procedimiento administrativo la cuantía de sus pretensiones.

 

SEXTO.- Costas procesales.

 

No se aprecia la concurrencia de ninguna de las circunstancias reguladas por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa para la condena en costas, lo que nos lleva a no efectuar especial pronunciamiento sobre costas procesales.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

 

-. F A L L A M O S

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don XXX contra la Orden de la Consejería de Fomento de 13 de noviembre de 2002, la que se anula por su disconformidad a Derecho, condenando a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a que abone al actor la suma de 16.368,04 E, más los intereses legales desde el día 30 de abril de 2002, sin efectuar expreso pronunciamiento en cuanto a costas procesales.

 

Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original en el libro correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN.- Publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.

Mas informacion: [email protected]

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