Embargan Casa por Accidente Trafico Hijo

0 comentarios admin Por admin El 14 de Noviembre de 2011

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El 4 de diciembre de 2001, Enrique Villalón Salado murió como consecuencia de un accidente de tráfico. Tenía 34 años. Para su madre, aquel día comenzó una pesadilla de la que no consigue despertarse. Ahora, al dolor de la pérdida de un hijo se ha sumado la amenaza de quedarse sin el techo bajo el que vive. A sus 72 años, Antonia Salado se enfrenta a una orden de embargo de su casa para cubrir los gastos derivados del fatídico siniestro.
Aquel día, del que pronto se cumplirán diez años, Enrique, el penúltimo de sus nueve hijos, sufrió un accidente cuando circulaba en un ciclomotor por la autovía a su paso por el término municipal de Vélez Málaga. Un ramo de flores colocado por su familia en el arcén recuerda el punto exacto donde ocurrió, el kilómetro 265 de la carretera.
En el siniestro se vieron implicados varios coches con diversos daños materiales. Enrique iba en un ciclomotor por una vía prohibida para estos vehículos. Además, la moto carecía de seguro y la titular era su madre. Antonia padece las secuelas de un cáncer de garganta, por lo que se expresa con gran dificultad. Su sobrina Sara le ayuda a explicar lo sucedido. «A mi primo se le averió el coche y cogió la moto sin permiso de mi tía para ir al trabajo», relata ella.
Tras el accidente, las aseguradoras de los coches implicados reclamaron los daños de reparación, que ascendieron, según el peritaje, a 10.456,23 euros. Dado que el ciclomotor no tenía suscrita póliza alguna, el Consorcio de Compensación de Seguros –ente público que depende del Ministerio de Economía– se hizo cargo de esta indemnización, que abonó en noviembre de 2004.
Paralelamente, hubo un juicio de faltas para dirimir la responsabilidad civil del siniestro, en el cual se citó a Antonia como titular del ciclomotor. Finalmente, el 18 de abril de 2006 fue condenada en rebeldía por no acudir a declarar. «Mi tía no se enteró de nada», cuenta Sara.
Una vez que la sentencia se hizo firme, el Consorcio presentó el pasado abril en el juzgado una demanda de ejecución por la cual solicitaba el embargo de una vivienda que aparece a nombre de Antonia en el Registro de la Propiedad, y que está ubicada en la zona de Cuesta del Visillo, en el núcleo veleño de Torre del Mar. Se trata de su casa.
El juzgado atendió la solicitud del organismo público y dictó un auto con fecha del 17 de mayo por el cual declara embargado el piso. La resolución, al que ha tenido acceso SUR, ordena despachar la ejecución de sentencia y cifra la deuda en los citados 10.456,23 euros más 3.236,86 euros presupuestados para intereses y costas. Antonia asegura que su único sustento es una pensión de 350 euros mensuales y que, por tanto, no puede hacer frente al pago.
Al conocer el auto judicial, la mujer solicitó asistencia al Colegio de Abogados de Málaga. Se le ha designado en turno de oficio a Antonio Carrillo, que se ha hecho cargo del caso esta semana. El problema, subraya el letrado, es que el recurso de revisión ya está fuera de plazo. «Si no se llega a una solución, el siguiente paso sería una tasación y luego el lanzamiento (desahucio) para que la casa quede vacía», explica.
Ajustada a derecho
«Es una decisión que se ajusta a derecho, pero es manifiestamente injusta para una mujer que ya ha perdido a un hijo», opina el abogado. «El juez –prosigue– ha hecho su trabajo, el Consorcio el suyo y yo estoy haciendo el mío, pero hagamos lo que hagamos, esta señora va a perder la vivienda». El letrado contempla como única solución un acuerdo judicial para un pago aplazado, como por ejemplo mediante el sistema de una hipoteca inversa.
Fuentes del Consorcio explicaron que entre las funciones de este organismo público está la de iniciar las actuaciones para recuperar aquello que han pagado, lo cual es «impertativo legal»; y añadieron que se ha producido una sentencia condentaria que debe ser ejecutada, también por imperativo legal. «Cuando esto ocurre, comienza un proceso de embargo que, si no se evita, acabaría en el desahucio. Dicho esto, el Consorcio está en la mejor disposición de solventar la deuda de la manera menos lesiva para esta persona, por lo que caben acuerdos e incluso aplazamientos», afirmaron las fuentes.
Antonia, sin embargo, no entiende que deba pagar por un accidente en el que no ha tenido nada que ver, y en el que, para colmo de males, perdió a su hijo. «Yo no he hecho nada», expresa la mujer. «Desde que se enteró de la noticia, no pega ojo solo de pensar que se pueda ver en la calle», apostilla su sobrina.

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